Siguen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la ciudad de Córdoba e imputados por asociación ilícita fiscal. Habría tres municipios de la zona que estarían siendo investigados

A una semana de los múltiples allanamientos realizados por Afip y la Justicia Federal, que incluyeron estudios contables, empresas y domicilios particulares de las ciudades de Morteros, San Francisco y Devoto, y la detención de nueve personas de nuestra zona (más de 30 en total), la investigación sigue aportando datos que impacta por el movimiento de dinero y la enorme cantidad de “facturas truchas”.

Todo se enmarca en una megacausa donde se estima que los acusados utilizaron facturas “truchas” por más de 2.800 millones de pesos, y que a través de este ilícito la evasión impositiva llegaría a unos 450 millones de pesos sólo entre los años 2017 y 2020

Entre las metodologías utilizadas aparece la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.

Según se desprende de la investigación, la estafa fue hacia personas de bajos recursos económicos, ya que al utilizarse su nombre y su clave fiscal para hacer estas facturas, en muchos casos dejaron de percibir beneficios que eran de carácter alimentario, tales como la Asignación Universal y más acá en adelante el IFE.

En algunos casos, al desconocerse la maniobra, se encontraron luego con deuda ante la Afip. Estos hechos motivaron denuncias no sólo en nuestra región, sino en otras provincias.

El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, fue uno de los que se refirió públicamente a la causa que se investiga y sostuvo en declaraciones a los medios que estas personas “pasaban de ser simples monotributistas o desempleados a empresarios, ya que figuraban como titulares de empresas fantasmas que generaban facturas falsas, simulando actos comerciales que nunca se realizaban. Las facturas eran vendidas a distintos empresarios para que las utilizaran en el descargo de sus impuestos de IVA en las Declaraciones Juradas, logrando pagar menor cantidad de impuestos a cambio de una comisión a esta banda que funcionaba como una usina de facturas”.

 

9 detenidos y 3 municipios investigados

La causa, vale recordar, tiene nueve detenidos en nuestra región y más de 30 en todo el país. Además hay tres prófugos

Entre los detenidos se encuentran los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto (contador), de San Francisco; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa María Abtt, de Devoto; Omar y Agustín Gianelli (padre e hijo, de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros.

Los detenidos aún se encuentran alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la ciudad de Córdoba en donde realizan la cuarentena, imputados por “asociación ilícita fiscal”. Ayer, el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, comenzó con las indagatorias.

En el marco de la misma causa, los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian imputaron a los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de "defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública".

En este sentido, también se estaría investigando a tres municipios de nuestra región, que se habrían sumado a la metodología de generar facturas falsas para declarar gastos en actividades municipales.

Es importante destacar que los municipios no tributan Ganancias ni IVA porque están exentos, pero la presencia de esta forma de facturar indicaría otro delito que no es la evasión sino la defraudación a la administración pública, mediante salidas no documentadas de dinero.