Son 26 millones de pesos en total. Los fondos permitirán fortalecer políticas de prevención en seguridad en gobiernos locales y la sociedad civil”, señaló el senador Mihlig al confirmar la llegada de estos fondos

El Senador Felipe Michlig informó que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, a cargo del Dr. Pablo Cococcioni, transfirió en la fecha 26 millones de pesos a tres gobiernos locales y un club del Departamento San Cristóbal, en el marco del Programa Vínculos que se desarrolla desde dicha cartera.

El representante departamental destacó este tipo de programas que “permite fortalecer políticas de prevención en seguridad”. A su vez, el Senador agradeció al Gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro Cococcioni, a la secretaría de Gestión Institucional, Virginia Coudannes y a todo el equipo del ministerio por el trabajo desplegado.

 

Beneficiarios y destino

Los beneficiarios en esta oportunidad por un total de 26 millones de pesos son los siguientes:

-Suardi: recibió un monto de $8 millones para iluminación para diferentes barrios de la Ciudad

-Arrufó: recibió $7 millones para modernización del sistema de videovigilancia actual e incorporación de 8 cámaras nuevas.

-Moises Villle: recibió $7 millones para la compra de cámaras y elementos de seguridad destinados a la comisaría local.

-Club Independiente de San Cristóbal: recibió un monto de $4 millones para el cerramiento cancha auxiliar.

 

Características del Programa

Vínculos es un programa provincial del Ministerio de Justicia y Seguridad que tiene como fin implementar políticas de prevención en seguridad en gobiernos locales (Municipios y Comunas), atendiendo la necesidad de fortalecer dichas políticas y generando entornos más seguros en las localidades.

Los gobiernos locales son actores fundamentales en el diseño e implementación de esta estrategia, ya que es en el ámbito local donde se hace posible gestionar conflictos y situaciones que constituyen factores de violencia. Por eso, se propone un trabajo coordinado y permanente con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada sobre la problemática de la seguridad, donde primordialmente se estimule y fortalezca la participación de municipios y comunas en una estrategia integral de reducción de la violencia y el delito.