Los Senadores a través de un Pedido de Informes solicitaron al PE que informe con carácter de urgente sobre las licitaciones truncas para la construcción de edificios de jardines de infantes en San Cristóbal y San Justo

Los Senadores Provinciales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Rodrigo Borla (San Justo) a través de un Pedido de Informes -ingresado en la última sesión de la Cámara de Senadores- solicitaron al Poder Ejecutivo que informe con carácter de urgente, sobre licitaciones truncas para la construcción de edificios de jardines de infantes en las ciudades de San Cristóbal y San Justo, por lo cual piden explicaciones precisa sobre los respectivos procesos administrativos.

“Observamos con suma preocupación información difundida no oficialmente sobre el fracaso del proceso licitatorio para la construcción del edificio de nivel inicial que funciona en la Escuela N° 40 de San Cristóbal (Licitación Pública N° 6/2023), así como el posible fracaso del proceso licitatorio para la construcción del edificio del Jardín N° 220 de la ciudad de San Justo (Licitación Pública 5/2023)”, mencionó el representante del departamento San Cristóbal.

 

“Son pésimas noticias”

En los fundamentos del pedido de informes los legisladores mencionaron que “tales situaciones resultan pésimas noticias para las comunidades de San Cristóbal y San Justo, pues impactan de lleno en las ilusiones y necesidades educativas y el beneficio de numerosos niños de ambas localidades”.

“El Poder Ejecutivo convocó sendos procesos licitatorios, se hicieron los respectivos actos de apertura de ofertas, las comunidades entusiasmadas porque entendían que el camino hacia el edificio ya no tenían marcha atrás pero, tiempo después, recibimos noticias de que una de las licitaciones fracasa y la otra se encuentra atravesando una situación que la puede hacer llegar al fracaso, dado todas las ofertas superan muy ampliamente el Presupuesto Oficial”, destacan los legisladores.

“Cuando intentamos buscar explicaciones a lo que había sucedido, si se trataba de alguna cuestión propia de esas dos obras puntuales, si fue por algún error técnico en la confección de los presupuestos oficiales o fallas administrativas, encontramos que lo que sucedió en estas licitaciones parece repetirse en otras licitaciones de obras en distintas partes del territorio provincial donde se presenta cierto patrón: Se convoca a licitación, se abren las ofertas, las ofertas superan holgadamente el presupuesto oficial, la licitación fracasa y se debe comenzar con otro proceso de licitación. Que a veces también vuelve a fracasar”, agregaron.

Según los legisladores, “las causas directas están en dos anomalías que, en última instancia se derivan del contexto de muy alta inflación y caos en los precios relativos. Una de las anomalías radica en la convocatoria a licitación con presupuestos oficiales desactualizados. Entre que las áreas técnicas confeccionan los pliegos y calculan el Presupuesto de la obra y la conducción política hace el llamado a licitación pasa un tiempo. Y en una economía con una inflación marchando a un promedio mensual del 6% esa demora entre el cálculo del presupuesto y el llamado a licitación lleva a que los Ministerios y organismos descentralizados liciten con presupuestos que ya se encuentran desactualizados en el mismo momento del llamado a licitación. La segunda anomalía yace en lo que sucede con el proceso de redeterminación de precios que, en obras con plazos de ejecución medianos o largos, tiene un impacto muy crítico”, detallan los senadores Michlig y Borla.

 

Lentitud e ineficacia

“Dicho proceso de redeterminación de precios es lento y cada vez se aleja más de reflejar los aumentos reales de los costos que sufren las empresas.

Por un lado, los coeficientes de redeterminación que aplica la administración divergen cada vez más de la realidad económica. Es decir, el cálculo que se hace en un escritorio termina siendo muy inferior al aumento de precios que le aplica el proveedor al contratista de la obra. Y, además de calcular una redeterminación menor a la realidad económica, el certificado de redeterminación se paga meses más tarde.

Entonces, estamos frente a una situación patológica que deriva en los peores resultados. Por un lado, un Estado que reconoce una variación de costos inferior a la real y la paga tarde. Y por otro lado, un contratista que quiere evitar quebrantos y entonces suma al precio que cotiza para la obra una cobertura financiera previendo que el Estado le va a aplicar esta redeterminación incompleta.

Como resultado final, los precios superan en exceso al presupuesto oficial, las licitaciones empiezan a fracasar, se debe volver a licitar, la administración termina aún más sobrecargada y por lo tanto más lento se hace el proceso de inversión pública. Por eso es que entendemos que, desde este lugar, además de plantear el problema concreto del fracaso de dos licitaciones puntuales, también debemos visibilizar y poner en agenda un problema sistémico de un orden mayor que termina afectando el proceso de inversión pública de toda la Provincia”, remarcaron.