La medida cautelar fue resuelta por 90 días por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento de la fiscal Hemilce Fissore que investiga el homicidio de Carlos Ramon Coletti ocurrido en Suardi.

El imputado tiene 41 años, sus iniciales son CMM y cometió el hecho el sábado pasado.  

La orden fue emitida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.

La representante del MPA que solicitó la medida cautelar y está a cargo de la investigación es Hemilce Fissore.

Homicidio

La fiscal manifestó que “con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, CMM causó la muerte de Coletti en la vía pública, sobre calle 25 de Mayo al 400 de la ciudad de Suardi”.

Fissore relató que “aproximadamente a las 3:00 del sábado pasado, la víctima llegó a bordo de su camioneta al domicilio de CMM y comenzó a agredirlo físicamente”. Al respecto, sostuvo que “esto provocó la reacción del imputado, quien agredió a Coletti con golpes de puño y con un cortafierro de 35 centímetros de largo, lo que le ocasionó numerosas lesiones en el rostro y cráneo y provocó su fallecimiento mientras era atendido en un nosocomio de Suardi”.

“La víctima tuvo traumatismo facial, heridas cortantes y traumatismo craneoencefálico”, agregó la fiscal. Además, especificó que “del informe de autopsia del médico forense se desprende el dolo de matar, ya que describe 16 ítems donde la víctima presentaba lesiones, siendo las más importantes las producidas por el elemento cortante”.

La representante del MPA manifestó que “no estamos ante un caso de legítima defensa ni exceso de legítima defensa, dado que primó el impulso del imputado de matar a la víctima”. En tal sentido, explicó que “CMM utilizó no solo sus puños sino un cortafierro para atacar a Coletti. En ningún momento estuvo en peligro la vida del imputado la noche del hecho, por lo que no se puede acreditar la necesidad racional del medio empleado para repeler la conducta de la víctima”.

Por otro lado, la fiscal destacó que “a todo esto se suman las condiciones personales del imputado, quien es un empleado policial preparado y entrenado para enfrentar una supuesta agresión mediante técnicas defensivas”.

Peligrosidad procesal

Fissore consideró que “existe peligro de fuga en virtud de la pena en expectativa, la que sería de ejecución efectiva. Asimismo, el entorpecimiento probatorio también sería real porque el imputado tiene conocimientos en tareas investigativas y contactos que en su condición de policía podrían llegar a entorpecer la investigación”.