Los representantes del Ministerio Público solicitaron además una multa de 51.300 dólares y que el dinero incautado sea destinado a entidades benéficas. Requirieron también que se lo inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos

El titular de la Fiscalía Nº 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, Carlos Gonella y la fiscal de primera instancia de Villa María, María Marta Schianni, solicitaron siete años de prisión para el fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut por los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. Viaut está acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más de cobrar sobornos para frenar investigaciones y de ejercer su influencia para intervenir en causas en curso en la justicia ordinaria.

En su alegato, los representantes del Ministerio Público solicitaron además una multa de 51.300 dólares y que el dinero incautado sea destinado a entidades benéficas de la zona. Requirieron también que, en caso de que Viaut sea condenado, se lo inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

Los cinco imputados llegaron a juicio por dos hechos. Por un lado, Viaut y Darío Fabián Rivarola (empleado de la fiscalía de San Francisco) están acusados de concusión agravada, en carácter de coautores, por ofrecer a los titulares de una cooperativa tambera “cajonear” una investigación en curso mediante el pago de un soborno.

En el segundo hecho, ambos están acusados de tráfico de influencias. En ese caso, Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore fueron considerados en el alegato como partícipes secundarios de la maniobra, luego de que Víctor Brugnoni, acusado de cohecho activo, les ofreciese dinero a cambio de su intervención en una causa en la justicia ordinaria.

En su alegato, Gonella y Schianni solicitaron dos años de prisión en suspenso para Brugnoni ya que consideraron como atenuantes su estado de salud, la situación de desesperación en la que se encontró al momento de cometer el delito y su posterior confesión y colaboración con el esclarecimiento del hecho.

Para Fattore y Panero el pedido fue de seis meses de prisión de ejecución condicional por la situación laboral y de salud de ambos, atenuada a su vez por su declaración y arrepentimiento.

En el caso de Rivarola, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso, una multa de veinte mil pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

A partir de los hechos se creó en la Procuración General de la Nación un expediente luego de que Schianni informase la existencia de las actuaciones. Se inició así un proceso disciplinario conforme a la Resolución PGN 2627/15 en el que se le pidieron explicaciones a Viaut. Con dictamen unánime de los fiscales Ozcar Ciruzzi, Guillermo Pérez de la Fuente, Susana Pernas y Alejandro Alagia, el Consejo determinó que Viaut no continúe en funciones.

 

El juicio

En la primera audiencia de debate, Panero, Fattone, Brugnoni y Rivarola reconocieron los hechos y su participación así como también las pruebas incorporadas en el juicio. También pidieron perdón y manifestaron sentirse arrepentidos. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó demostrada la participación de los cinco imputados en los dos hechos.

En el primero de ellos, en el marco de una investigación de la fiscalía a su cargo, Viuat, mediante Rivarola, solicitó 2.500.000 pesos al gerente y al presidente de una cooperativa tambera de la localidad de El Tío para “cajonear” la investigación y frenar los procedimientos inminentes.

En el segundo hecho, Brugnoni se contactó con Rivarola por medio de Fattore, Paneo y Viaut, a quienes solicitó que ejercieran influencias sobre funcionarios que llevaban la investigación por delitos sexuales contra su hijo. Brugnoni ofreció la suma de 250.000 dólares, de los cuales llegó a pagar 17.100.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, el arrepentimiento de cuatro de los imputados junto con los testimonios de testigos, las transcripciones telefónicas, las actas de los allanamientos realizados en la causa y los informes de las empresas telefónicas respecto de las celdas que permitieron geolocalizar los aparatos telefónicos utilizados constituyeron un cuadro probatorio “absolutamente contundente por su consistencia y coherencia”.

En su alegato, Gonella y Schianni destacaron que la intervención de Viaut en el primer hecho quedó evidenciada por la modalidad operativa en la que Viaut emitía directivas mientras que Rivarola era el encargado de ejecutar los contactos hacia las personas para lograr ese cometido.

En el segundo hecho, Viaut y Rivarola fueron señalados como coautores de tráfico de influencias, un delito en el que Fattore y Paunero fueron acusados de ser partícipes secundarios. Brugnoni, en tanto, fue acusado del delito de cohecho por ofrecer dinero para que Viaut y Rivarola ejercieran influencia sobre la funcionaria que había dispuesto la prisión preventiva de su hijo.

Los representantes del MPF consideraron que Viaut “se abusó de su función pública y de su posición de poder", así como también "afectó a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad del Tío; defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos, colegas, superiores y al sistema de justicia en general”.

Respecto de su comportamiento posterior al hecho, Gonella y Schianni consideraron que “desarrolló una estrategia de prensa dirigida a desprestigiar a la colega que instruyó impecablemente la causa, una magistrada valiente y comprometida a la que cosificó tratando de enchastrarla en una supuesta conspiración en su contra”.

Resaltaron luego que su formación jurídica y su experiencia en la función “le proporcionaron suficientes elementos como para motivarse de acuerdo a la norma y decidió violarla lo que justifica un reproche más intenso”.

Por este motivo, los fiscales solicitaron para Viaut una condena de siete años de prisión, una multa de tres veces el monto de la exacción, por un total de 51.300 dólares. También requirieron su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero secuestrado durante los allanamientos ordenados en la causa para que sean destinados a clubes y fundaciones de las localidades de El Tío y San Francisco, como también al Centro Comunitario Integrador La Virgencita, y al merendero La Amistad, ambos ubicados en San Francisco-Frontera.