Caso Maxi Sosa: absolvieron a la abuela y a su pareja por la desaparición
Para el Tribunal no hay pruebas suficientes para condenar a Patricia Sayago y Ariel Malagueño. Estaban acusados por sustracción del menor de 3 años, desaparecido en 2015.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe absolvió este miércoles a la abuela de Maximiliano Sosa, Patricia Sayago y a su pareja Ariel Malagueño, en el marco de la causa por la desaparición del niño de la ciudad de Ceres. Se trata de quienes estuvieron más de cuatro años en prisión preventiva hasta que comenzó el juicio el pasado lunes.
El veredicto fue resuelto por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello.
Sayago fue absuelta por el beneficio de la duda respecto de los delitos de sustracción de persona menor de diez año en concurso real con falsa denuncia. Por su parte, Malagueño también fue exculpado pero “por abstención fundada de acusación fiscal”.
Asimismo, los magistrados dispusieron que todo lo actuado sea remitido al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, para que profundice la investigación sobre el paradero del menor de edad, que continúa siendo un misterio.
A los acusados, la fiscalía les atribuyó el delito de sustracción de persona menor de 10 años, y había solicitado una pena de 7 años de prisión.
El caso
El 15 de
diciembre de 2015, Patricia Sayago se ofreció a cuidar a su nieto
Maxi porque su hija, Daniela Sosa, no se sentía bien. Sería el último día
que esa madre vería a su nene de tres años.
Pocos días después, el menor fue dado por desaparecido y comenzó su
búsqueda. La hipótesis más fuerte desde un comienzo fue que el niño había
sido vendido.
Por
aquellos días, Sayago rogaba por la aparición de su nieto, bañada en
lágrimas, ante las cámaras de televisión de los canales regionales. Pero a
fines de julio de 2016, fue detenida e imputada por la sustracción de
Maxi junto a su pareja, Ariel Malagueño. Desde el 1º de agosto de ese año,
ambos están con prisión preventiva.
Tras varios vaivenes judiciales, en junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación resolvió que la causa pasara al fuero federal, ya
que se estima que Maxi habría sido víctima de trata, a manos de un
conocido de su abuela al que ella le habría vendido al menor.
Ese hombre,
cuyas iniciales son PAP quedó imputado por trata de personas el 27 de
septiembre de 2019 y está a la espera de juicio.