Afirmaban tener una orden de pago para el IFE y así recababan datos de las víctimas. Hay 15 detenidos. Secuestraron armas, celulares, chips, computadoras, tarjetas de memoria, 1.200 dólares y más de $1.500.000

En el marco de las políticas impartidas por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, tendientes a enfrentar el delito complejo, la Policía Federal Argentina logró desarticular una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas telefónicas.
Las estafas se llevaban a cabo de la siguiente manera: uno de los cabecillas de la banda, interno de un complejo carcelario de la provincia de Córdoba, se comunicaba telefónicamente con las futuras víctimas manifestando ser empleado de ANSES e informándoles que tenía en su poder una orden de pago de para que recibieran los 10.000 pesos otorgados por el Gobierno Nacional como paliativo a la situación provocada por la pandemia del COVID-19.
Mediante este ardid, les extraía el nombre y número de documento para luego indicarles que se dirigieran a un cajero automático con su tarjeta de débito. Siempre manteniendo la comunicación telefónica, les indicaba varias operaciones que debían hacer las personas engañadas, entre las cuales estaba el cambio de su clave de “HomeBanking” o la extracción de una clave TOKEN. Así, quien comandaba la estafa, se apoderaba de las cuentas, del dinero existente en las mismas y, además, realizaba solicitudes de préstamos monetarios.
Finalmente, tras arduas y complejas tareas de investigación, el personal perteneciente al Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la PFA pudo determinar que la banda estaba compuesta por nueve internos que se encontraban en el mencionado penal y que contaban, además, con el apoyo de otros cómplices y familiares desde afuera.
A raíz del resultado de la investigación, el Juzgado de Control y de Faltas Nº 5 de la provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Carlos Lezcano, ordenó siete allanamientos en distintos domicilios y en el complejo carcelario que culminaron con el secuestro de armas, una gran cantidad de teléfonos celulares, chips, computadoras, tarjetas de memoria, agendas con anotaciones de cuentas bancarias, 1.200 dólares y más de 1.500.000 pesos.
En total, fueron imputadas 15 personas que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.