En una asamblea de delegados, el Consejo Directivo Nacional de Atilra brindó detalles sobre el procedimiento judicial llevado a cabo el miércoles en Sunchales. Ponce apuntó contra sectores reaccionarios de la industria

Luego de la serie de allanamientos realizados por fuerzas federales el miércoles en distintas dependencias vinculadas con el gremio de los lecheros, su Secretario General, Héctor Ponce, apuntó contra sectores reaccionarios de la industria y desestimó que el gobierno nacional pueda estar detrás de esta denuncia.

Ponce basó su sospecha en ciertas amenazas recibidas hace un par de años por parte de sectores industriales que, según expresó, decían tener los elementos necesarios como para desestabilizar a la entidad gremial y a su propia persona.

“Después de mucho tiempo, hemos logrado un reconocimiento importante de parte del gobierno nacional hacia nuestra organización sindical, por lo que creo que este tipo de denuncias viene de otro lado”, argumentó el dirigente gremial. “En la medida en que nos constituyamos como un polo de servicios, médicos, educativos, de turismo, sabemos que empezamos a molestar”, comentó el líder sindical y remarcó: “Pueden venir ataques, pero nosotros estamos preparados para defender los intereses de los trabajadores”.

“Cuando uno asume esta responsabilidad, no importa lo que nos pase desde el punto de vista personal”, insistió. Y recalcó: “Se equivocan si piensan que metiéndome preso, nuestra organización sindical va a dejar de lado su objetivo”.

 

“Nunca vi una cosa igual”

A su turno, el asesor legal del gremio, Juan Carlos Ponce, dio detalles sobre el trámite judicial, expresando que la causa tiene origen en una denuncia anónima asentada en un Juzgado Federal porteño.

En su alocución, desechó la serie de versiones que circularon en torno a estos sucesos. Por ejemplo, negó que el denunciante sea Walter Zurrián, yerno de Ponce, por una supuesta malversación de fondos. También negó especulaciones vinculadas a causas por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal o narcotráfico. “Es una denuncia anónima y no tenemos acceso al expediente por estar aún en secreto de sumario”, explicó el letrado y remarcó que la carátula que figura en el mandamiento de allanamiento no define contravención alguna: “Es por averiguación de delito, que en la jerga judicial es como ir a la pesca para ver si aparece algo”, cuestionó.

“Todo esto viola principios y garantías constitucionales”, remarcó el asesor y deslizó que el procedimiento estaría viciado de nulidad. “Tengo 25 años de profesión y una década trabajando en el Poder Judicial: jamás vi una cosa así”, inquirió.

El letrado detalló que el tenor del mandamiento judicial indicaba que se debía recabar toda información referida a prestaciones médico asistenciales, tanto administrativas como de auditorías. “Nosotros vamos a llevar a la justicia una serie de elementos, documentación y testimonios que van a ayudar al Juzgado a clarificar definitivamente la situación y a deslindar cualquier responsabilidad de la gente de Atilra y Ospil”, sentenció.

Por otro lado, en el marco de la Asamblea de delegados, se acordó que el Consejo Directivo Nacional se mantendrá expectante ante el curso de estos sucesos y quedó habilitado para tomar las medidas legales y de hecho que considere oportunas en función de los próximos eventos. (Fuente: Lechería Latina)