La normativa alcanza a Intendente, Miembros del Ejecutivo, Concejales y Tribunos de Cuentas. También incorpora la posibilidad de realizar test rápidos a empleados municipales. Fue impulsada por el oficialismo, la oposición no acompañó

El Concejo Deliberante de Porteña aprobó en su última sesión la ordenanza N° 2338/2025 que establece la implementación de controles toxicológicos (narcotest) para funcionarios y empleados municipales.

La ordenanza fue impulsada por el Bloque Juntos Por el Cambio y se aprobó por mayoría, ya que no contó con el acompañamiento de la oposición.

La propuesta obliga a toda persona que ejerza la función pública en el ámbito de la Municipalidad de Porteña, a presentar un certificado negativo - mediante inmunoensayo de orina - para la detección de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

El narcotest será realizado a funcionarios en todos sus niveles y jerarquías: Intendente, Miembros del Departamento Ejecutivo, Concejales y Tribunos de Cuentas.

La ordenanza también incluye la posibilidad de realizar test rápidos a empleados municipales, en cumplimiento del Estatuto del Empleado Municipal, que prohíbe asistir al lugar de trabajo bajo los efectos de sustancias.

El presidente del Concejo, Fabio Monzoni, señaló que “la medida apunta a consolidar principios de responsabilidad, transparencia, compromiso con el ejercicio de la función pública y la seguridad en el ámbito laboral”.

Monzoni recordó que “desde el primer día que asumimos nos propusimos trabajar y ver de qué manera podíamos trabajar con todas las entidades del pueblo referido a la prevención de las adicciones. Sabíamos muy bien que debíamos empezar en educación, en salud y en deportes y después en el control”.

En ese sentido, es que “aprobamos esta Ordenanza de controles toxicológicos en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia de Córdoba”, dijo

El presidente del HCD precisó que la normativa tiene dos partes: “una primera parte donde el control va a ser para todos los funcionarios de la planta política y por otra parte, de forma aleatoria y al azar se van hacer controles a los empleados municipales”.

Monzoni insistió en que “esto se debe entender como un mecanismo de prevención”.

La Ordenanza fue aprobada por mayoría y ahora deberá ser reglamentada por el Ejecutivo. Una vez reglamentada, los funcionarios públicos tendrán un plazo de 60 días para presentar el certificado negativo.